Las leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 le confieren a las Corporaciones Autónomas Regionales un rol rele-vante en los procesos de ordenamiento territorial cuyo deber es velar por la conservación y protección del ambiente, los recursos naturales y prevenir los riesgos naturales. Estos temas se constituyen como norma de superior jerarquía en el momento de la elaboración y adopción de los diferentes instrumentos de planificación territorial de orden municipal (Planes de Ordenamiento Territorial, Planes Parcia-les, Unidades de Planificación, Macroproyectos).