Los ocho contratos irregulares que enviaron a la cárcel a la alcaldesa de Argelia
La mandataria antioqueña habría avalado la celebración de estos convenios por un valor de 574 millones de pesos que nunca se ejecutaron.
Un juez de control de garantías de Sonsón (Antioquia) cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario a la alcaldesa del municipio de Argelina, Flor Dey Granada Valencia en el marco del proceso penal que se le adelanta por las irregularidades en la celebración de ocho contratos por un valor cercano a los 574 millones de pesos.
El fiscal de la Unidad de delitos contra la administración pública indicó que dichos contratos en el papel estaban dirigidos a la compra de materiales de construcción, mangueras, colchones, bienes y servicios en general. Sin embargo, estos nunca fueron adquiridos pese a que la administración aseguró que se habían ejecutado los contratos.
En la diligencia judicial se indicó que el primer contrato por un valor de 18 millones de pesos estaba destinado al suministro de kits escolares a la población vulnerable: el segundo tenía un valor de $149 millones para la dotación de colchones ortopédicos para los adultos mayores: 10 millones de pesos para el suministro de repuestos para la volqueta del municipio, este fue adjudicado de manera directa.
Se invirtieron además 8 millones de pesos para el suministro de paquetes alimentarios para la población vulnerable: 250 millones de pesos para el suministro y dotación de enseres para el suministro y dotación de enseres para el hogar de los adultos mayores: $13 millones para el suministro de papelería y otros insumos de oficina: 18 millones de pesos para el suministro de mangueras de agua para la población vulnerable y el último de $18 millones para el suministro de manguera para el acueducto de la población del área rural.
El fiscal del caso manifestó que la mandataria municipal habría incurrido en un peculado de 80 millones de pesos. Por estos hechos le fueron imputados los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
La alcaldesa tenía una medida de aseguramiento en su domicilio en el desarrollo de un proceso penal que se le adelanta por el presunto hurto a su excompañero sentimental.
